La aerolínea Plus Ultra ha entrado en preconcurso de acreedores y ha reducido su operativa a mínimos. La compañía también ha anunciado a los trabajadores un expediente de regulación de empleo, lo que agrava la situación de un grupo que recibió 53 millones de euros de fondos públicos en 2021. Según las fuentes consultadas, el futuro de la empresa apunta cada vez más a su desaparición, con la consiguiente pérdida de esa inyección pública.
Plus Ultra ha dejado de vender billetes para Lima y Buenos Aires y pretende concentrar sus recursos en las conexiones con Venezuela desde Madrid y Tenerife, además del negocio de alquiler de aviones con tripulación, conocido como ACMI. Las rutas con Argentina y Perú no resultan sostenibles, según la compañía, que aún no ha fijado una fecha definitiva para su cese.
Las cuentas de la compañía ya mostraban desequilibrios antes de la crisis actual. A principios de 2025 presentaba un patrimonio neto negativo de 40,5 millones de euros y un pasivo de 167 millones, entre los que figuran 40,3 millones del préstamo participativo de la SEPI.
La investigación judicial se suma a la presión financiera. La Audiencia Nacional investiga posibles delitos de tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales relacionados con la concesión del rescate, y la investigación apunta al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Las personas afectadas rechazan las irregularidades que se les atribuyen.
Las conversaciones con posibles socios, entre ellas las mantenidas con Iberojet, no han fructificado. Las fuentes consultadas señalan que el riesgo ligado al rescate y a su recorrido judicial ha alejado a potenciales compradores.
Las negociaciones con la SEPI para ampliar los plazos de devolución llevan meses sin acuerdo entre ambas partes. El calendario original finalizaba en 2028 y el primer reembolso debía haberse realizado en marzo, aunque la compañía logró más tiempo de la SEPI. Las fuentes consultadas señalan que el preconcurso supone un punto de presión más para el Gobierno, y que aprobar ahora un nuevo calendario de pagos resulta difícil en plena campaña electoral, sin certeza sobre quién gobernará.