Desde este domingo, la Unión Europea aplica una tasa de dos euros en concepto de gestión aduanera a los paquetes enviados directamente a los consumidores desde terceros países, como China o Estados Unidos. El cobro se aplica sin importar el valor del envío. La Comisión Europea sostiene que la medida pretende acabar con una competencia que considera injusta para el comercio tradicional, frente a plataformas como Shein, Temu y AliExpress. El gravamen recae sobre vendedores e importadores, no sobre el comprador final. Además, busca financiar los controles necesarios para frenar la llegada de productos ilegales al mercado europeo.
La tasa busca financiar unas aduanas que, según la Comisión Europea, se han visto parcialmente colapsadas por el volumen de envíos. Según los datos de la Comisión, en 2025 se importaron unos 5.900 millones de paquetes en la UE, impulsados por el auge de plataformas chinas como Aliexpress, Temu o Shein. Fuentes comunitarias describen una carga operativa y económica enorme para las autoridades, y sostienen que hacía falta una medida para costear la labor de control. Las inspecciones aduaneras coordinadas detectaron además que cerca del 60% de los artículos evaluados no cumplía la normativa europea, lo que suponía un riesgo para los consumidores y una competencia desleal para las tiendas locales.
La presión mayor recae en los envíos pequeños. Alrededor de 4.500 de los paquetes llegados en 2025 valían menos de 150 euros, un segmento que los controles en frontera consideran la gran amenaza. Aunque el nuevo gravamen se aplica a todos los pedidos por igual, a estos envíos se suma ahora el cargo temporal de tres euros, que ya está en vigor y solo afecta a los envíos de bajo coste. Ese cargo seguirá vigente hasta que la plataforma central de control en frontera esté lista, momento en que se derogará y los paquetes quedarán sujetos a los aranceles correspondientes.
El cobro se aplica por cada categoría de producto dentro de un mismo envío y no por caja. Así, un paquete con una camiseta y un pantalón pagará cuatro euros, mientras que dos o más camisetas supondrán solo dos euros. A diferencia del arancel temporal sobre los paquetes de menos de 150 euros, este impuesto será permanente. Cada dos años, la Comisión Europea revisará la cuota para comprobar que sigue siendo proporcional al coste de las operaciones en la UE. Fuentes comunitarias consideran que el comercio online supone un coste desproporcionado para las aduanas, y en ese marco defienden que hacía falta esa medida.
Desde principios de julio se ha registrado una caída del 64% en las importaciones de paquetes de menos de 150 euros, aunque todavía llegan unos 5 millones al día. Fuentes comunitarias consideran que la cifra sigue siendo considerable y que la presión aduanera se mantiene «muy alta». Fuentes del ejecutivo de Ursula von der Leyen explican que el arancel de tres euros ha llevado a las empresas a reajustar sus modelos de negocio. Entre esos cambios destaca el uso creciente de centros de distribución en territorio europeo, frente al envío directo desde fábrica.
La Organización Europea de los Consumidores (BEUC) expresa preocupación por que algunas plataformas trasladen el coste de la gestión aduanera a los clientes en las últimas fases de la compra. Para esa organización, hacerlo sería ilegal, porque la normativa europea obliga a mostrar el precio final desde el primer momento. Su director general, Agustín Reyna, pide que los importadores paguen el recargo y no los consumidores. Reyna alerta además de peligros escondidos en compras a tiendas online de fuera de la UE, como juguetes que pueden provocar asfixia. También reclama a los Estados miembros que refuercen los controles aduaneros.
Si el volumen de envíos se mantuviera en el nivel del año pasado, la tasa recaudaría unos 12.000 millones de euros por ejercicio. Fuentes de la Comisión Europea, sin embargo, consideran probable que el número de envíos baje. Varias plataformas internacionales ya cambian su logística: importan grandes volúmenes a almacenes en la UE y reparten desde allí. Esa práctica reduce la capacidad recaudatoria, aunque facilita el trabajo de las aduanas y limita la entrada de productos ilegales. Bruselas explica que la tasa no tiene en el punto de mira a ninguna compañía concreta y espera que obligue a los gigantes del comercio electrónico a agrupar pedidos.