Según El Mundo Economía, el Defensor del Pueblo ha registrado este martes en las Cortes Generales un informe que insta a las administraciones a una mayor coordinación y a políticas de largo plazo. Su objetivo es ampliar y reforzar el parque público de vivienda para atender a los colectivos más vulnerables. El documento lleva por título La efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada.
Entre las propuestas figuran medidas fiscales para movilizar viviendas privadas desocupadas hacia el alquiler asequible y acuerdos de cesión con grandes tenedores. La institución sostiene que un parque suficiente de vivienda protegida puede moderar los precios en los períodos alcistas del ciclo.
El parque público de vivienda se sitúa en el entorno del 3-3,5%, frente al 8-9% de la media europea. En su diagnóstico, buena parte de ese peso reducido se debe a que la gran mayoría de la vivienda protegida levantada en décadas pasadas acabó descalificada y en el mercado libre.
El Defensor reclama a las administraciones autonómicas y locales ampliar de forma permanente la vivienda protegida, con prioridad para el alquiler. Quiere que la normativa autonómica garantice la calificación permanente de estas viviendas, para que no acaben en el mercado privado y haya un número suficiente de ellas de forma estable.
El diagnóstico del informe añade que los precios de compraventa y alquiler han subido por encima de los salarios y que la inversión pública en vivienda se aleja mucho del promedio europeo. También apunta a la rigidez de las políticas de suelo y a la falta de información sobre vivienda pública y demanda.