Según ABC Economía, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calcula que, entre enero y agosto, uno de cada cinco euros gastados por el Estado solo puede explicarse por atajos a la legislación presupuestaria ordinaria. Esos atajos los ha ido habilitando el Gobierno en los últimos años, mientras se encadenaban las prórrogas presupuestarias.
En los ocho primeros meses del año, el Estado ha introducido cambios en el presupuesto de gastos por 38.240 millones de euros. Es un movimiento de partidas que solo se había visto en 2020, el primer año de la pandemia, cuando el Gobierno tuvo que pagar vacunas, mascarillas y material sanitario de emergencia.
La ley de Presupuestos de 2023 ya flexibilizó el marco para hacer modificaciones al permitir transferencias entre secciones para atender necesidades ineludibles. La Airef recoge que «Esta habilitación permitió, por ejemplo, trasladar recursos desde un ministerio a otro», algo imposible antes.
El Gobierno fue aprovechando después los reales decretos ley para introducir nuevos márgenes de flexibilidad y declarar ampliables créditos de la Seguridad Social. Para la institución, esa construcción ha permitido adaptar créditos aprobados en 2023 a necesidades posteriores, pero a un precio elevado.
La Airef critica que este proceder ha reducido la trazabilidad del gasto y ha limitado la transparencia presupuestaria. También advierte de que se ha alejado la correspondencia entre el gasto ejecutado y lo autorizado por las Cortes Generales, y que el control parlamentario previo queda al margen.