El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado que las almazaras deberán almacenar el 12 % de la producción de aceite de oliva que declaren cada mes, tanto en instalaciones propias como ajenas. La medida responde al abultado nivel de existencias iniciales de la campaña 2026/2027 y a las estimaciones de producción. Supone la retirada temporal de 188.000 toneladas, que se aplicará desde este mismo viernes sobre la producción declarada en noviembre. El Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden este viernes, y los volúmenes permanecerán retirados del mercado hasta el 30 de septiembre de 2027.
Los datos aforados que han facilitado las comunidades autónomas al Ministerio apuntan a una producción de 1.602.596 toneladas de aceite de oliva en la nueva campaña, un 23 % más que en la anterior. La buena floración y el cuajado del fruto se explican por las condiciones climáticas de la pasada primavera, con temperaturas suaves y precipitaciones abundantes en las principales zonas olivareras. Según el Ministerio, esa cifra convertiría la actual campaña en la cuarta mayor de la serie histórica. Las comunidades autónomas han facilitado esos datos, que sirven de base para estimar la cosecha.
Las existencias iniciales de la campaña se sitúan en 357.040 toneladas, un 23,3 % por encima de las de la campaña precedente. Los datos proceden del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO), que recoge la información de los operadores y que el Ministerio publicó el 28 de octubre. Con esas cifras se cumplen los criterios técnicos de la orden de comercialización para activar la retirada. La suma del aforo de la nueva campaña y las existencias de enlace de la anterior alcanza el 120 % de la producción media de las seis campañas previas.
Las almazaras tienen plena libertad para elegir la categoría de aceite de oliva que prefieran retirar del mercado, según recoge la orden. Para cumplir la obligación, cada almazara debe declarar su producción mensual y las existencias finales por los canales habituales. Esas declaraciones se rigen por el Real Decreto 861/2018, de 9 de julio, que regula esta materia. La norma se apoya así en un sistema de declaración ya establecido, con el que los operadores deben cumplir cada mes.
Para controlar la aplicación de la medida se creará un grupo técnico de seguimiento, que aprobará el plan de control. El Ministerio coordinará ese plan y las comunidades autónomas lo ejecutarán en función de sus competencias. Los operadores afectados deberán entregar a la autoridad competente, si se les requiere, toda la información que acredite el cumplimiento, y facilitar los controles in situ cuando proceda. La resolución podrá modificarse a partir del 31 de diciembre de 2026, según la evolución de la producción.
La orden responde a las reclamaciones del sector productor, que había pedido a Planas un almacenamiento forzoso del aceite para contener la caída de precios. El ministro defendió que la medida busca regular la oferta para mejorar y estabilizar el funcionamiento del sector del aceite de oliva. Con ello, el Gobierno atiende una demanda que el campo había trasladado de forma directa al titular de Agricultura.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un informe con los riesgos de la retirada para la competencia y los consumidores. Según su exposición, la medida supone una restricción relevante a la competencia que puede elevar los precios para los consumidores finales y generar ineficiencias en la cadena de valor. El organismo sostiene que retirar una parte de la oferta distorsiona el libre funcionamiento del mercado, debilita los incentivos para mejorar la calidad y variedad del producto y eleva el riesgo de coordinación entre operadores. La CNMC rechaza que la norma sea neutra en términos de competencia y cuestiona que amortigüe las subidas de precio en campañas de escasez limitando la bajada en las de cosechas abundantes.