Según ABC Economía, las empleadas del hogar registran en 2026 el primer año de crecimiento de afiliación en los últimos ocho, con 50.000 altas en menos de doce meses. El colectivo, formado en más de un 95% por mujeres, había perdido casi 54.000 puestos entre 2019 y 2025.
La remontada coincide con una regulación masiva de inmigrantes que el Ejecutivo ha puesto en marcha. Al conceder autorizaciones de residencia y trabajo, los empleadores pueden dar de alta en la Seguridad Social a quienes trabajaban sin papeles, transformando una actividad informal preexistente.
Antes, las subidas del salario mínimo y la pandemia habían llevado al colectivo a su nivel más bajo de afiliación desde 2012. Ahora el SMI está en 1.221 euros mensuales y Yolanda Díaz pretende elevarlo un 5,3%, hasta 1.286 euros, pese a la recomendación de sus expertos, que proponían un 4,9%.
Desde finales de 2025, las familias deben tener actualizada la evaluación de riesgos laborales en el domicilio, o se exponen a multas que pueden llegar hasta 49.000 euros. Las trabajadoras tienen derecho a reconocimientos médicos periódicos, de forma voluntaria y gratuita, al menos cada tres años.
Si prospera la subida antes de las elecciones generales del 29.N, el coste para las familias, con cotizaciones incluidas, llegaría a casi 2.000 euros mensuales. Ante subidas anteriores, algunas familias optaron por recortar la jornada de la empleada para pagar lo mismo, y en el peor de los casos la despidieron.