El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley con 30 millones de euros para las víctimas del accidente ferroviario de Urda. La mitad se destina a ayudas urgentes y la otra mitad a anticipos de indemnizaciones por responsabilidad civil.
La cuantía por fallecimiento será de algo más de 72.121 euros por persona, con un anticipo del seguro de la misma cifra. En los casos de lesiones corporales, los importes van desde algo más de 2.404 euros hasta más de 84.141 euros, según la gravedad.
Los trabajadores afectados contarán con protección en la Seguridad Social, con bajas consideradas accidente de trabajo y percibidas desde el primer día. El decreto también limita temporalmente los precios de los transportes alternativos al tren mientras la línea Madrid-Andalucía esté cortada.
Las víctimas podrán tramitar las ayudas en las Oficinas de Atención Integral, desplegadas a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Quienes no puedan desplazarse serán atendidos en su domicilio por personal de las Subdelegaciones, dentro del programa La Administración Cerca de Ti.