Según La Vanguardia, la crisis de acceso a la vivienda en las grandes áreas urbanas de España ha explotado en varias direcciones, pese a que el Gobierno creó en 2023 un ministerio dedicado a la materia. Según el CIS, ya es el primer problema para los ciudadanos.
El Ejecutivo de coalición aprobó 47 normas con rango de ley en materia residencial entre junio de 2018 y octubre de 2026, y 40 fueron reales decretos leyes. Pese a ello, el Banco de España cifra en 750.000 las viviendas necesarias hoy para solucionar el problema de acceso.
El PP se ha comprometido a construir un millón de nuevos inmuebles y a aprobar una ley para desalojar a los okupas en 48 horas. Vox plantea liberalizar suelo y reducir los impuestos que gravan la vivienda, mientras el Frente Amplio propone una tasa a los grandes propietarios.
Jorge Galindo, director de EsadeEcPol, sitúa la mayor tensión en un alquiler que sufre un «colapso». Propone explorar un seguro público de alquileres o un impuesto a pisos vacíos, siempre que favorezca el arrendamiento a largo plazo, y sostiene que la clave es construir más en colaboración pública y privada.
Un cambio de gobierno el 29-N podría poner fin a la ley estatal de Vivienda, que Catalunya aplica como gran experimento. El Govern de Salvador Illa defiende su balance, con alquileres contenidos: un 2,6% de subida en zonas tensionadas el último año, por debajo de la inflación.