El Tribunal Superior de Hong Kong condenó este jueves a Joshua Wong a diez años de prisión, una nueva sentencia contra la figura más visible del movimiento prodemocrático en la excolonia británica. Wong, de 30 años, se había declarado culpable en septiembre del delito de conspirar con fuerzas extranjeras para lograr sanciones internacionales contra Pekín y las autoridades locales. Ante el juez apareció más delgado que en comparecencias anteriores, con camisa azul oscuro, y su defensa pidió clemencia alegando que había reflexionado sobre sus actos y que quería cuidar de sus padres. Fuera del tribunal, decenas de personas hicieron cola durante horas en medio de un amplio despliegue policial.
La acusación abarca el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 23 de noviembre de 2020, justo después de la entrada en vigor de la ley de seguridad nacional el 30 de junio. El juez Tam Yiu-ho sostuvo que Wong y sus cómplices usaron contactos con altos funcionarios e instituciones extranjeras para promover la interferencia foránea en redes sociales y en grandes agencias de noticias occidentales. Según el magistrado, las sanciones y otros actos hostiles que defendían podían provocar «consecuencias altamente perjudiciales» para Hong Kong y China continental. Por ello, consideró que el delito es lo bastante serio para una condena de al menos diez años.
Wong permanece encarcelado desde noviembre de 2020 y fue detenido de nuevo en junio de 2025, cuando ya estaba recluido en la prisión de Stanley. Ya cumplía una condena de cuatro años y ocho meses por las primarias no oficiales de julio de 2020, dentro del caso de los 47 activistas procesados. Según el South China Morning Post, ambas penas se solaparán, de modo que la anterior se completaría en enero próximo y, en principio, permanecerá entre rejas hasta finales de 2036.
La ley de seguridad nacional, impuesta en junio de 2020, castiga la secesión, la subversión, el terrorismo y la connivencia con fuerzas extranjeras con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Pekín había prometido mantener durante 50 años el modelo «un país, dos sistemas» tras la devolución de 1997, pero la norma aceleró el desmantelamiento de partidos de oposición, sindicatos independientes y medios críticos. Las autoridades locales y el Gobierno chino defienden que la legislación ha restablecido el orden tras los disturbios de 2019 y que los tribunales actúan con independencia.
El magnate de la prensa Jimmy Lai, de 78 años y fundador del desaparecido Apple Daily, fue condenado en febrero a 20 años por conspiración con fuerzas extranjeras y sedición, una pena casi equivalente a una cadena perpetua. Algunos antiguos directivos de su periódico han recibido condenas de hasta diez años. La represión alcanza también a quienes recordaban Tiananmen: el 11 de septiembre, la abogada Chow Hang-tung fue condenada a siete años y tres meses, Lee Cheuk-yan a siete años y Albert Ho a cinco años y dos meses. Los tres habían dirigido la organización que convocaba las vigilias del 4 de junio en el Parque Victoria.
Human Rights Watch calificó la nueva condena de «cruel e injusta», y su directora para Asia, Elaine Pearson, denunció que las autoridades acumulan cargos contra dirigentes prodemocráticos para prolongar su encarcelamiento. Amnistía Internacional también rechazó el fallo. Su responsable regional, Sarah Brooks, sostiene que la ley se ha convertido en un «instrumento para castigar la disidencia» en lugar de proteger la seguridad del territorio. La organización ya había advertido de que se usan delitos formulados de manera imprecisa para mantener encarcelados a los críticos más influyentes.
Nathan Law Kwun-chung, exlegislador que el juez señaló como cómplice, permanece en el exilio tras abandonar Hong Kong en 2020. La Policía hongkonesa ofrece un millón de dólares hongkoneses, unos 128.000 dólares, por información que conduzca a su detención.