Según Genbeta, la comunidad de propietarios puede limitar el uso del ascensor a un vecino que no paga cuotas o derramas. Esa herramienta existe dentro de la Ley de Propiedad Horizontal, aunque con límites marcados por dos artículos concretos, y la deuda sigue siendo reclamable por separado.
El artículo 6 permite a los propietarios fijar normas de régimen interior sobre los servicios comunes, como el ascensor, que obligan a todos mientras no se modifiquen. El artículo 21.1, tras la reforma de junio de 2022, permite a la junta acordar medidas disuasorias durante el impago.
Esas medidas pueden ir desde fijar intereses superiores al legal hasta privar temporalmente del uso de servicios o instalaciones. No deben ser abusivas ni desproporcionadas, ni afectar a la habitabilidad de los inmuebles, y no pueden tener efecto retroactivo. La medida debe ser temporal y estar ligada a la deuda.
La ley no menciona el ascensor por su nombre, por lo que hay que valorar las circunstancias de cada caso. Un caso de la Audiencia Provincial de Alicante, citado por expertos, muestra el matiz: el auto admite una demanda sin decidir si la comunidad actuó bien. La deuda por sí sola no legitima retirar el ascensor; también cuentan la planta, las vías alternativas y si viven personas con discapacidad o mayores de setenta años.
El presidente o el administrador no pueden bloquear el ascensor por su cuenta: debe decidirlo la junta. Reclamar la deuda sigue siendo otra vía: las derramas generan deuda igual que las cuotas y pueden exigirse por el proceso monitorio. Quien debe dinero solo puede impugnar el acuerdo si está al corriente o consigna la deuda.