Polonia vive una profunda crisis política e institucional después de que la jueza Anna Korwin-Piotrowska suspendiera durante un mes al presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Swieczkowski, y a su vicepresidente, Bartlomiej Sochanski. La decisión se publicó en la web del tribunal el viernes sobre las 18.00 horas, y dejó a la magistrada al frente de la dirección provisional del órgano. El Gobierno de coalición del primer ministro Donald Tusk niega legitimidad a buena parte de los actuales magistrados, nombrados durante los años de gobierno de Ley y Justicia entre 2015 y 2023, y respalda la suspensión.
El presidente Karol Nawrocki, alineado con la formación ultraconservadora, interrumpió un viaje a Senegal y regresó a Varsovia. Recibió en el palacio presidencial a Swieczkowski y al presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapinski, y después acudió al Tribunal Constitucional sobre la una de la madrugada del sábado, donde permaneció hasta las cinco. Durante la noche, algunos manifestantes traspasaron la valla del edificio y otros lanzaron objetos contra los agentes. La Policía detuvo a tres personas, y el líder de Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, se personó en las protestas.
Korwin-Piotrowska justificó la suspensión porque Swieczkowski y su vicepresidente bloqueaban la reunión de jueces en la que debía aprobarse el presupuesto del tribunal. También reprochó al presidente del órgano que no reconociera a los jueces elegidos por el Parlamento en marzo, y una presunta manipulación de la composición de las salas judiciales. Desde que Tusk llegó al poder a finales de 2023 con la promesa de restaurar la independencia judicial, sus esfuerzos han chocado con el veto de dos presidentes sucesivos, Andrzej Duda y, después, Nawrocki.
Nawrocki convocó con carácter urgente consultas con los partidos, alegando una amenaza sobre la seguridad interior del país, y denunció una violación del orden constitucional. Acudieron Ley y Justicia y la Confederación, pero no la Coalición Cívica de Tusk, cuyos socios de izquierda dijeron no haber recibido la invitación. Después, el presidente se reunió por separado con Krzysztof Bosak, Władysław Kosiniak-Kamysz, Mateusz Morawiecki, Adrian Zandberg y Szymon Hołownia. Pidió además la retirada de las fuerzas de seguridad del Tribunal Constitucional.
Tusk, en un discurso televisado a la nación el sábado por la noche, defendió la actuación policial. Afirmó que miembros legalmente elegidos del tribunal fueron atacados y que la policía los protegió, y rechazó cualquier compromiso con la otra parte. Para ilustrar su postura, comparó el caso con un ladrón que arrebata un bolso a una anciana y después acusa a su víctima de violencia. Adrian Zandberg, de Razem, calificó la escalada de peligrosa para los polacos y criticó que el presidente haya tomado parte en el asunto. Szymon Hołownia pidió desescalar la situación y consideró que el Constitucional, en su forma actual, es irrecuperable.
Las reacciones llegaron también desde fuera de Polonia. El ex primer ministro húngaro Viktor Orbán escribió en redes sociales que Tusk había llegado tan lejos como para dar un golpe de Estado contra su propio pueblo, y habló de una flagrante violación de la constitución polaca. Desde Moscú, el expresidente ruso Dmitry Medvedev denunció un golpe de Estado en Polonia y señaló como responsables a los liberales de Tusk, a quien presentó como protegido de Bruselas. Además, comparó el método empleado con el utilizado en Ucrania, con la anulación de los poderes del tribunal como eje.