La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han desalojado este martes la Puerta del Sol, donde desde el 26 de septiembre permanecían acampados centenares de manifestantes. La protesta por el derecho a la vivienda surgió tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de 70 en su domicilio. La Delegación del Gobierno en Madrid confirmó la operación en un extenso comunicado, minutos después de que la cuenta oficial de la acampada, Movimiento 26S, difundiera vídeos del inicio del desalojo. La Delegación explicó que la intervención buscaba restablecer la normalidad en ese punto de la ciudad, con criterios de proporcionalidad y especial atención a las personas vulnerables.
En el momento de la intervención había 334 personas en la plaza. La operación movilizó a 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal, además de bomberos y servicios sociales. Pese a que no se registraron incidentes importantes, dos personas han sido detenidas por desobediencia y resistencia a la autoridad. Mientras los agentes desmontaban las tiendas, el servicio de limpieza municipal preparó su traslado a depósitos, donde quien las reclame podrá recogerlas. En las imágenes compartidas por los manifestantes se ve cómo intentaban permanecer juntos para no ser separados por los agentes.
El portavoz de la acampada, Juan Luis Sánchez, denunció en La Hora de La 1 que la Policía los desalojó a las 2:55 horas, sin avisar, para sorprender a quienes dormían. Describió la operación como «de una manera muy caótica», aunque parecía que iba a ser «algo pacífico». Según su versión, cuando pidieron retirar algunos enseres, los agentes respondieron con violencia, le aplicaron gas pimienta, le causaron abrasiones considerables en la piel y le quitaron el teléfono móvil a la fuerza.
La Delegación sostiene que la permanencia en la plaza quedó amparada por el «ámbito de protección del derecho fundamental de reunión», porque reunía a una pluralidad organizada de personas con una finalidad reivindicativa común. Por ese motivo, pidió a la Jefatura Superior de Policía de Madrid que garantizara su ejercicio pacífico, pese a las peticiones de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento para disolver la concentración. El comunicado añade que mantuvo esa consideración «mientras la concentración conservó su carácter temporal y una finalidad reivindicativa común». La Delegación afirma que la evolución de las circunstancias, las alteraciones del orden público y el peligro para personas y bienes obligaron a desalojar como último recurso.
Francisco Martín, todavía delegado del Gobierno, había enviado a los acampados un escrito que recordaba que el derecho de reunión no es «ilimitado». Al no recibir respuesta, la delegada Pilar Trinidad remitió el 29 de octubre un segundo escrito que exigía desmantelar la acampada a la mayor brevedad. El 30 de octubre, los interlocutores anunciaron la disolución de todas las comisiones que organizaban la acampada, dando por terminada su reivindicación inicial. La Jefatura Superior de Policía comunicó a la Delegación hechos presuntamente delictivos e incidentes en el entorno de la plaza, algunos con afectación directa a personas, transeúntes y agentes.
El lunes, la acampada amaneció con menos tiendas, después de que la mayoría de comisiones anunciaran su disolución progresiva y la salida de sus integrantes hacia los barrios. Ese movimiento buscaba preparar la huelga general y se acompañó de una batucada festiva. La Delegación había enviado el pasado lunes un correo a la comisión de asesoría legal, en el que indicaba que «podría resultar legítimo ponerle fin» a la acampada. Parte del movimiento sostuvo que el campamento no se levantaba: «Nosotras estamos y seguiremos». Otros defendieron que quienes se marchaban a los barrios buscaban movilizar a sus vecinos.