El Tribunal de Cuentas ha decidido que se investigue la compra de un ático madrileño por 6,3 millones de euros, adquirido por la empresa pública Planifica Madrid, dependiente de la Comunidad. La consejera de Cuentas ha elevado las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga el nombramiento de un delegado instructor. Ese instructor tendrá que investigar las presuntas irregularidades denunciadas y determinar si pueden derivar en responsabilidad contable. La resolución rechaza el archivo que pedían la Comunidad de Madrid y la propia Planifica, porque los hechos no permiten descartar un posible alcance contable. El auto subraya que la decisión no prejuzga la existencia de irregularidades ni de responsabilidades contables, cuestiones que deberán determinarse en la investigación.
El inmueble se justificó como sede de uso institucional, con espacios de trabajo, descanso y alojamiento ocasional para autoridades. El Tribunal cuestiona, sin embargo, que esa finalidad encaje con el objeto social de Planifica, cuyos estatutos vinculan la adquisición de inmuebles a la actividad administrativa de consejerías y organismos regionales. El auto destaca además que el contrato de arrendamiento firmado con la Comunidad el 28 de julio de 2026 se resolvió de mutuo acuerdo el 15 de septiembre. La Administración había comunicado que había desaparecido la necesidad que justificaba el alquiler. El inmueble nunca llegó a usarse por la Comunidad, y después se acordó ponerlo a la venta.
El posible sobreprecio será otro de los puntos que aclarará la investigación. La primera tasación, encargada a Gesvalt y fechada el 13 de febrero de 2026, valoró el ático en 6.242.884,19 euros, frente a los 6,3 millones pagados. Las denuncias apuntan a otros costes asociados a la operación y cifran el eventual perjuicio económico en al menos 437.058 euros. La Comunidad y Planifica sostienen que no hubo sobreprecio y aportaron una segunda tasación, fechada el 15 de octubre, que elevó el valor a 6.320.341,26 euros al incluir parte de la terraza cerrada. Defienden también que el precio de salida de 6.694.201 euros permitiría recuperar la inversión.
Las denuncias también recogen posibles irregularidades urbanísticas en el cerramiento de parte de la terraza, realizado entre 2007 y 2010. Según un informe arquitectónico aportado a las actuaciones, esas obras podrían carecer de las autorizaciones necesarias. Podrían además afectar a la superficie interior legalmente utilizable y al valor real del inmueble, así como a futuros costes de restitución de la legalidad urbanística. El Tribunal recuerda que la primera licitación quedó desierta por falta de ofertas y que el inmueble sigue sin comprador. Esa circunstancia, según la resolución, podría indicar que el mercado no ha asumido el precio fijado.
El Ministerio Fiscal se pronunció a favor de continuar las actuaciones y pidió en dos ocasiones el nombramiento de un delegado instructor. Para el Fiscal, las alegaciones y la documentación de la Comunidad y de Planifica no desvirtuaban, por el momento, las irregularidades denunciadas. Ambas entidades habían pedido el archivo al defender que la adquisición se ajustaba a la actividad de Planifica. Sostenían también que el consejero delegado tenía facultades suficientes para formalizarla y que no hubo un daño real a los fondos públicos. La acción pública la promovieron distintos denunciantes, y en ella se ha personado el grupo parlamentario Más Madrid.
El letrado Javier Flores, uno de los personados en la acción pública, ha criticado la postura de la Comunidad. Ha afirmado que «la Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles». Ha añadido que el Gobierno regional ha puesto a los servicios jurídicos a defender que no se investigue la compra. Ha advertido que, si se ha perdido un solo euro, deberán pagarlo quienes decidieron la compra. Sus palabras llegan mientras el procedimiento entra en la fase de investigación que dirigirá el instructor.