La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acudió el jueves al Ministerio de Igualdad para llevarse documentación sobre un presunto fraude en la compra de pulseras antimaltrato. La Fiscalía Europea dirige la operación, que habría detectado el uso irregular de fondos europeos.
Agentes de la UCO también acudieron al Tribunal de Cuentas, que ya alertó de «graves deficiencias» en la compra de estos medios de protección. Ese órgano examinó los contratos de 2018, 2021 y 2023, que suman 102,6 millones de euros.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, prometió que un nuevo contrato subsanaría los fallos. Antes, el ministerio los había negado inicialmente y los había reducido a «casos puntuales».
Las pesquisas empezaron el año pasado. Tras una verificación, la Fiscalía Europea abrió una investigación formal centrada en el contrato de compra de las pulseras defectuosas.