El Consejo de Estado ha despejado el camino para que el Gobierno apruebe el real decreto que regula los centros de datos antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Su Comisión Permanente emitió el dictamen por unanimidad en la sesión del 6 de noviembre de 2026, sin voto particular. El órgano, presidido por Carmen Calvo, desestimó las principales pretensiones de fondo del sector privado y de varias comunidades autónomas. La deliberación se alargó por un intenso debate técnico-jurídico y la aprobación definitiva llegó el viernes, un día más tarde de lo previsto.
El sector había depositado sus esperanzas en el Consejo de Estado para frenar una norma que, según la patronal Spain DC, pone en riesgo 67.000 millones de euros en inversiones ya anunciadas en España. Desde el primer borrador, esa misma patronal calcula que 9.000 millones han buscado otros destinos por la inseguridad jurídica. Entre los requisitos que menos han gustado figura vincular la puesta en marcha a una nueva generación eléctrica que cubra el 80% del consumo en cada hora de funcionamiento, mediante compras a plazo de un mínimo de 6 años y baterías.
El texto establece un régimen transitorio de cinco años, hasta 2031, para los proyectos que se acojan a él. Hasta el 31 de diciembre de 2028 deberán poner en marcha generación nueva y renovable equivalente al 60% del consumo, solo en las horas punta, principalmente de noche. A partir de esa fecha y hasta 2031, la exigencia sube al 70% tanto en horas punta como en horas llano. Esas plantas deberán ponerse a disposición de Red Eléctrica para una gestión flexible. Serán las primeras en desconectarse si el sistema lo necesita, sin retribución, a diferencia de las grandes industrias que cobran por el sistema de reducción automática de potencia.
Las pretensiones de fondo partían del sector privado y de diversas autonomías. Denunciaban una presunta invasión de competencias autonómicas, una vulneración de la reserva de ley y una supuesta falta de justificación en la tramitación urgente. Pedían que la regulación se tramitara como proyecto de ley y no como real decreto. Su objetivo final era obligar a retrotraer actuaciones, por ejemplo devolviendo la norma a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o forzando una notificación comunitaria previa, lo que habría impedido que el texto viera la luz antes de los comicios.
En sus conclusiones de fondo, el Consejo de Estado respalda los pilares básicos de la norma. Señala que no pone en duda la competencia del Estado para aprobarla y que el rango de real decreto se ajusta a la exigencia de una disposición del Real Decreto-ley 7/2026. No cuestiona la urgencia, porque fue acordada por el Consejo de Ministros. El órgano afirma que comparte los fines del proyecto, como asegurar la soberanía digital y la eficiencia energética e hídrica. Avala también que los nuevos condicionantes alcancen a proyectos con permisos ya concedidos que aún no operan.
Pese al respaldo general, el dictamen no es un cheque en blanco. El Gobierno deberá modificar el articulado para incorporar cuatro observaciones esenciales. La primera exige reforzar la Memoria de Análisis de Impacto Normativo y cuantificar el coste que las nuevas cargas supondrán para los promotores. La segunda reclama que el control y la supervisión estén en manos públicas, reduciendo el papel de Red Eléctrica y de las distribuidoras. La tercera pide acotar el régimen sancionador y tipificar las causas de pérdida de los permisos. La cuarta elimina la habilitación ministerial para modificar los porcentajes de correlación renovable.
El Ministerio para la Transición Ecológica aspira a aprobar la norma con la fórmula «de acuerdo con el Consejo de Estado», lo que reduciría las opciones de que los tribunales suspendan cautelarmente el decreto. Atender esas exigencias resulta clave ante la previsible batalla judicial que librarán las empresas en el Tribunal Supremo. Hay también observaciones no esenciales. La más relevante se refiere al procedimiento europeo TRIS: el órgano constata que Alemania, Francia, Italia o Países Bajos han seguido criterios dispares, y pide a España reforzar la justificación técnica en la memoria sin paralizar el trámite.
Tras el aval, el equipo jurídico y técnico del ministerio pule contrarreloj la memoria y el articulado. El paso siguiente es llevar el borrador a la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios, que lo enviaría sin demora al Gobierno. Como no habrá reunión el martes 10 por falta de margen, el objetivo sigue siendo el 17 de noviembre o, a más tardar, el 24. Esta última fecha sería el último cónclave ministerial ordinario antes de las elecciones y del paso a un Ejecutivo en funciones.