El gobernador de California, Gavin Newsom, ha conmutado las penas de muerte de los 548 condenados del corredor de la muerte del estado, que pasan a cadena perpetua. Lo hace con su facultad constitucional de clemencia, y las nuevas penas serán sin posibilidad de libertad condicional, según explicó en una carta. Newsom, demócrata que cumple los últimos meses de su mandato, afirma que la pena de muerte es incompatible con los valores de California.
California no ejecuta a nadie desde 2006, y desde que los votantes restablecieron la pena de muerte en 1978 solo 13 reos han sido ejecutados. Newsom ya había ordenado en 2019 una suspensión de la pena capital en el estado. La decisión tiene un alcance sobre todo simbólico, aunque los expertos creen que podría ahorrar millones de dólares al año en costes judiciales. El estado ha tenido históricamente la mayor población de condenados a muerte del país.
La oficina del gobernador precisó que 220 de los 548 condenados llevan 15 años o más esperando un abogado de habeas, la representación legal que les corresponde para recurrir sus casos. Otros 139 han esperado 20 años o más. Sin la moratoria, 45 personas que ya habrían agotado sus recursos podrían ser ejecutadas de inmediato.
La decisión llega tras la ejecución fallida de una mujer en Tennessee a finales de septiembre, cuando las ejecuciones aumentan en Estados Unidos. Ese jueves estaban previstas otras tres en Indiana, Florida y Alabama. Donald Trump, defensor de la pena capital, la considera una herramienta esencial para castigar los crímenes más graves. En 2025 firmó una orden que restableció la pena de muerte federal, aunque desde entonces no se ha ejecutado a nadie en el ámbito federal.
Otros gobernadores han hecho gestos similares. Un republicano de Illinois conmutó las 167 condenas de su estado en 2003, antes de dejar el cargo, y en 2024 el demócrata Roy Cooper conmutó 15 en Carolina del Norte en su último día. Los demócratas, sin embargo, han dudado de las conmutaciones masivas por miedo a que los republicanos los tachen de blandos con el crimen. California es uno de los 27 estados que mantienen la pena de muerte en sus leyes.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles aplaudió la decisión. Jeanne Woodford, exdirectora de prisiones de California que supervisó cuatro ejecuciones, dijo sentir miedo a que el Estado acabe ejecutando a un inocente. Jess Nichol, hermana de Polly Klaas, una niña de 12 años asesinada en 1993, explicó que antes apoyaba la ejecución de su asesino, pero que ahora cree que no tiene relación con su recuperación ni con la seguridad pública.
Newsom asumió toda la responsabilidad de la decisión y de sus consecuencias, y dijo que actúa según su conciencia. Afirmó que el sistema de pena de muerte del estado no se puede aplicar de forma justa, lo que ha llevado a condenar a personas inocentes. Reconoció que la medida enfadará y dolerá a algunos californianos.