El juez José Luis Calama ha rechazado imputar a José Luis Rodríguez Zapatero por malversación de caudales públicos por las joyas halladas en su despacho, tal como pedía la Fiscalía Anticorrupción en un escrito del 21 de octubre. La Fiscalía alertaba de que, si las joyas fueron un regalo del rey saudí entregado en Moncloa, el expresidente habría cometido malversación al quedarse con ellas en lugar de entregarlas al Patrimonio del Estado. El magistrado rechaza esa tesis porque, a su juicio, llevarla adelante supondría castigar una conducta con una lectura del código penal demasiado expansiva.
Zapatero sostiene que el rey de Arabia Saudí le regaló las joyas durante una visita oficial a España y que fue un obsequio de carácter personal. Asegura que nunca consideró que tuvieran valor patrimonial, aunque las joyas están tasadas en más de un millón de euros. Calama ya había señalado en un escrito anterior la falta de verosimilitud de esa versión, pero la resolución aborda también una segunda cuestión, de carácter jurídico.
El instructor analiza si, de ser ciertos los hechos, comportarían malversación. Para responder a esa cuestión jurídica acude a varias sentencias del Tribunal del Supremo, que concluyen que no todo bien recibido por una autoridad por razón de su cargo pasa automáticamente a ser patrimonio público. Solo lo son los bienes que, sin estar aún en las arcas públicas, cuentan con un título jurídico previo que los adscribe a la Administración. Dicho de otro modo, un regalo a una autoridad solo se convierte en caudal público si una norma lo establece así.
El magistrado de la Audiencia Nacional constata que, en el momento de los hechos, no existía ninguna disposición legal que obligara a incorporar automáticamente al patrimonio público los regalos recibidos por altos cargos. Esa obligación llegó en 2013, con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. La norma prohíbe a los altos cargos aceptar regalos que excedan de los usos sociales o de cortesía y ordena incorporar al patrimonio de la Administración los obsequios de relevancia institucional.
Calama tampoco considera equiparable a una norma penal el Código de Buen Gobierno aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2005. Aunque tenía una evidente naturaleza ética y de autorregulación institucional, el código carecía de valor normativo suficiente para determinar la titularidad pública de bienes. Tampoco servía para ampliar los elementos objetivos del delito de malversación. El magistrado advierte de que aceptar lo contrario convertiría principios de buen gobierno en fuentes de incriminación penal, algo incompatible con el principio de legalidad.
De la doctrina del Supremo, el juez no extrae que la mera recepción de un bien por razón del cargo determine su incorporación automática al patrimonio público. Los casos en que el Supremo lo ha apreciado tenían una obligación previa y jurídicamente exigible de incorporación, algo que no concurre aquí por las fechas en que supuestamente Zapatero recibió las joyas. Acoger la tesis fiscal supondría extender la noción de patrimonio público a un supuesto que el legislador no contempló y que el ciudadano no podía prever como delito. En el ámbito penal, eso no está permitido.
En otra resolución, el magistrado acuerda paralizar los procedimientos inspectores de la Agencia Tributaria respecto de Zapatero, su mujer, sus hijas, el investigado Julio Martínez y varias sociedades vinculadas a ellos. En cuanto a la imputación, el juez considera que falta uno de los elementos esenciales del tipo objetivo de la malversación. Admite que la apropiación de las joyas pudiera suscitar reproches éticos o políticos, pero no que constituyeran patrimonio público al tiempo de los hechos. Esa falta impide subsumir los hechos en el precepto penal y, por tanto, acordar la imputación solicitada.