Según El Mundo, la Abogacía del Estado, que representa al Gobierno, se opone a que la suspensión del voto se extienda a los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ley de nietos y se inscribieron en el censo de residentes en el extranjero. La petición de Iustitia Europa y Vox pretendía esa ampliación.
El escrito alega una «imposibilidad material» para identificar a ese colectivo, dado lo avanzado de los plazos para la convocatoria electoral del 29-N. Recuerda que elaborar la lista de nacionalizados por la ley de nietos exigió «mes y medio» de esfuerzo en los consulados.
Repetir la tarea con casi 190.000 personas resulta «materialmente incompatible» con los recursos disponibles, según el escrito. El colectivo asciende a 189.678 personas, frente a las 163.020 de nacionalizados por la ley de nietos que Justicia y Exteriores tuvieron que examinar.
La ampliación afecta a otro bloque de la Ley de Memoria Democrática de 2022, distinto de los exiliados o presuntos exiliados. Incluye a quienes obtuvieron el pasaporte con la ley de Memoria Histórica de 2007, que la Abogacía considera que debería quedar fuera porque su validez no se ha cuestionado.
Los hijos de los votantes suspendidos por el Supremo sí podrán votar en el 29-N, mientras el Gobierno sostiene que ampliar la suspensión resulta materialmente imposible. No se conoce, por ahora, cuándo decidirá el Supremo sobre la ampliación ni en qué sentido.