El Gobierno se opone a la petición de Vox e Iustitia Europa de que el Supremo extienda a los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos la suspensión del voto. La Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, alega que provocaría inseguridad.
Según los servicios jurídicos del Estado, el número de personas afectadas sería de 189.678, a partir de inscripciones consulares. El escrito advierte de que la medida incidiría de modo directo en el proceso electoral en curso, que se vería afectado por la indeterminación que comportaría.
La Abogacía sostiene que la relación nominal pedida no existe y que no se identifican medios materiales ni humanos para cumplirla. Añade que repetir la medida en apenas unas semanas resultaría materialmente incompatible con los recursos disponibles.
El Supremo descartó adoptar la medida de forma urgente, sin escuchar a la otra parte, y dio a las partes tres días para presentar alegaciones. Vox e Iustitia Europa sostienen que, si se ha paralizado el voto de los progenitores, debe examinarse también el de sus hijos.