Según ABC Economía, el Ministerio de Transportes prepara un proyecto de real decreto que obliga a los operadores privados de servicios declarados obligación de servicio público a habilitar transporte alternativo cuando una línea esté cortada. La propuesta, en audiencia pública, pretende blindar a Renfe ante la futura entrada de competidores.
La norma consideraría interrupción la imposibilidad de prestar el servicio durante más de un día, salvo por fuerza mayor o huelga. El sustituto por carretera deberá permitir viajar a todos los pasajeros que quieran desplazarse entre las estaciones o núcleos de población afectados.
Renfe, que lidera Álvaro Fernández Heredia, anunció el martes, un día antes del accidente de Urda, que impulsará una empresa de autobuses. La sociedad mixta, con un socio privado, cubriría los planes alternativos cuando haya incidencias u obras en cualquier línea ferroviaria.
La liberalización de estas obligaciones, exigida desde Europa, se retrasó a 2028 con una adenda al contrato con Renfe que Transportes introdujo a finales de 2024. La CNMC, que preside Juan José Ganuza, reclama licitar cuanto antes y que el ministerio no mantenga relación directa con los operadores.
SNCF, que opera Ouigo en alta velocidad, figura entre los operadores interesados y participó en la consulta de la CNMC. Propuso compensar a todos los licitadores con al menos un millón de euros, pues una oferta tradicional costaría unos tres millones de euros.