El Tribunal Supremo ha decidido que los hijos de los nacionalizados por la llamada ley de nietos podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre, a diferencia de sus padres. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo denegó en sendos autos las medidas cautelares que pedían Vox e Iustitia Europa para extender a esos descendientes la suspensión del derecho de voto. Los jueces mantienen así la suspensión para los nacionalizados por esa vía y dejan fuera de la medida a su descendencia.
Los magistrados subrayan que la petición se presentó transcurrido más de la mitad del periodo electoral, una semana antes del inicio de la campaña y dos semanas antes del voto en urna en los consulados. Para el tribunal, iniciar ahora una revisión del censo de residentes en el extranjero, el CERA, choca con los principios de seguridad jurídica y estabilidad electoral. También advierten de las dudas sobre si podría ejecutarse en el poco tiempo que queda hasta la votación y el escrutinio.
El Supremo recuerda que sus decisiones sobre los nietos buscan preservar la certeza del censo electoral, y que las Juntas Electorales, la Oficina del Censo Electoral y la Administración consular siguen ejecutando sus resoluciones de septiembre y octubre. En su informe del 28 de octubre, la Oficina del Censo Electoral señalaba que aún quedaban 30.482 registros sin identificar para cumplir la suspensión en el CERA. El tribunal afirma que tiene serias dudas sobre la viabilidad de suspender también el voto de los hijos, porque exigiría requerir a la Administración para identificar a los afectados y emplazar a los interesados.
Los datos de Exteriores incorporados al procedimiento sitúan en 189.678 los españoles nacionalizados por el apartado 1.b de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria, que no están afectados por la suspensión. Esa cifra supera a los 162.454 nietos que ya tienen suspendido el voto, según el tribunal. Dentro de ese grupo figuran también hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ley de 2007, un colectivo que no está bajo la lupa del Supremo.
El Supremo sí mantiene suspendido el derecho de voto de los nacionalizados por el apartado de 2022, salvo quienes acrediten ser descendientes de exiliados, y rechaza levantar esas medidas que pedían varias asociaciones. El magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero formuló un voto particular contra no suspender el voto de los hijos, al considerar que la sentencia futura tendrá que afrontar esa cuestión. La magistrada Alicia Millán discrepa de mantener la suspensión y sostiene que los afectados suponen alrededor del 0,42 por ciento de los electores del censo aplicable.
La Abogacía del Estado se había opuesto a ampliar la suspensión, al considerar que pondría en riesgo los trámites del 29-N e incluso podría afectar al escrutinio. Advirtió además de que los nacionalizados por la ley de 2007 no son «en absoluto un colectivo residual». El Gobierno no tiene una cifra de cuántos inscritos en el CERA obtuvieron la nacionalidad por la norma de 2022 o por la de 2007.