Según ABC Economía, la Diputación Permanente ha salvado el Real Decreto-ley 29/2026, uno de los dos decretos de vivienda votados este jueves. Ese texto establece una prórroga extraordinaria de dos años que los propietarios están obligados a aceptar y limita las subidas al índice de referencia del Gobierno.
El Real Decreto-ley 28, que abría la puerta a los alquileres indefinidos y a indemnizaciones por recuperar una propiedad, sí fue rechazado. Como su entrada en vigor estaba fijada para el 15 de noviembre, la caída no produce efectos jurídicos, ya que ningún arrendatario había adquirido derechos.
El decreto salvado entró en vigor el 8 de octubre, según fuentes jurídicas consultadas, de modo que las prórrogas pedidas desde entonces serían válidas. El inquilino debe solicitarla, pues no es automática, y estar al corriente del pago mensual durante los ocho meses anteriores.
El Congreso había tumbado ambas normas hace un mes y medio, y el 6 de octubre el Gobierno presentó dos textos similares para su convalidación tras la disolución de las Cortes Generales. El nuevo intento llegó apenas unos días después del revés.
La abogada Sandra Aurrecoecha aconseja revisar los preavisos de no renovación, porque no excluyen necesariamente la prórroga extraordinaria. Los inquilinos con vulnerabilidad acreditada, requisitos económicos cumplidos e informe de Servicios Sociales no podrán ser desahuciados hasta el 31 de diciembre de 2030.