La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes una petición del Gobierno de Donald Trump que pedía obligar a California a apartar las papeletas de más de 20.000 votantes. El Gobierno alegaba presuntas dudas sobre la nacionalidad de esos electores. El tribunal denegó la solicitud mediante una resolución de una sola frase y sin firma, como suele ocurrir en los casos urgentes, sin ofrecer explicación alguna. La decisión llegó un día antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato, en las que los republicanos corren el riesgo de perder el control del Congreso.
El Departamento de Justicia presentó la demanda el 15 de octubre, después de identificar junto con el Departamento de Seguridad Nacional a más de 20.000 personas que considera posibles votantes no ciudadanos. Pidió a las autoridades electorales que separaran esas papeletas y que no las contabilizaran hasta determinar si sus autores son ciudadanos. Las autoridades del estado pusieron en duda la fiabilidad de esa lista y no aceptaron la petición.
Las autoridades californianas alertaron de que apartar las papeletas señaladas resultaría complicado, porque los votos se separan de los sobres durante el procesamiento. Esa operación podría generar retrasos e incertidumbre en el recuento. El Departamento de Justicia había presentado una solicitud de emergencia a un día de los comicios, advirtiendo de que, una vez mezcladas las papeletas, no habría forma de recuperar las cuestionadas.
El Gobierno federal había acusado a California de tener registradas a 190.000 personas sin derecho a voto, cifra que después revisó a 20.000. Un tribunal federal ya había rechazado la semana anterior ese requerimiento del Departamento de Justicia. El juez David Carter habló de derechos constitucionales en juego y consideró que la metodología del Gobierno arrastraba incertidumbre y errores. Otro juez federal, James Boasberg, también falló en contra de la Administración y consideró defectuosas las listas.
Antes de la decisión final, un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito también denegó la solicitud del Departamento de Justicia. Los jueces citaron la cláusula constitucional que otorga a los estados el control sobre los procedimientos electorales. Escribieron que, si Estados Unidos considera necesarios otros procedimientos para el voto por correo, debería plantearlo ante el Congreso y no ante los tribunales. Con este revés, el Gobierno acumulaba dos derrotas en la semana previa.
El procurador general John Sauer defendió ante la Corte Suprema que el censo electoral de California incluye como mínimo 20.000 personas que probablemente no son ciudadanos. Trump y el bando republicano suelen agitar el espectro de un voto masivo de extranjeros, algo que, según cálculos, resulta extremadamente marginal.
El fiscal general de California, Rob Bonta, dijo que la maniobra destila desesperación y prometió defender el derecho fundamental al voto. El gobernador Gavin Newsom anunció el despliegue de abogados especializados en legislación electoral y de observadores en todo el estado. Advirtió de que quien interfiera con los votantes o manipule papeletas será procesado por un delito grave estatal, sin posibilidad de indulto presidencial.