La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han desalojado esta madrugada la acampada de la Puerta del Sol, según fuentes policiales. La operación se saldó sin incidentes importantes, salvo la detención de dos personas por resistencia y desobediencia a la autoridad. Los agentes expulsaron de la plaza a 334 personas, la mayoría de ellas personas sin hogar que, según esas mismas fuentes, se marcharon sin oponer resistencia. Los dos detenidos tienen 31 años y son de nacionalidad española.
En el dispositivo participaron 220 efectivos de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal, junto a Bomberos, Samur, Selur y Servicios Sociales. Por parte de la Policía Nacional intervinieron varios grupos de la UIP, del GOR y del GAC, además de medios aéreos. Tras el desalojo comenzó la recogida de enseres y la limpieza de la zona. Mientras tanto, todos los accesos a la Puerta del Sol permanecían cerrados y las bocas de metro de la plaza estaban clausuradas, salvo la de Preciados.
La cuenta oficial de la acampada denunció una intervención policial violenta que habría causado heridas a varias personas por golpes y gas pimienta. Juan Luis Sánchez, portavoz del campamento, explicó en TVE que tuvo que ser atendido por el Samur tras sufrir heridas durante el desalojo. Añadió que los agentes le quitaron el móvil sin darle explicaciones y que disponen de imágenes que, a su juicio, muestran una actuación violenta. También anunció concentraciones en varios puntos de España para esa tarde. La Policía Nacional sostiene, por su parte, que el desalojo fue pacífico y sin incidentes.
La Delegación del Gobierno defiende el desalojo como una medida de último recurso. El Gobierno protegió al principio el derecho de reunión por la finalidad reivindicativa común de la protesta, pero, según la institución, ese derecho no es ilimitado. Tras más de un mes de protestas, la Delegación constata un cambio en las circunstancias de la acampada. Señala que las principales organizaciones se retiraron y que muchas pernoctaciones correspondían ya a personas sin hogar y colectivos vulnerables. Sumado a incidentes comunicados por la Jefatura Superior de Policía, ello generó, a su juicio, un peligro concreto para personas y bienes.
El desalojo, según la Delegación, no fue una acción sobrevenida, sino el resultado de semanas de mediación. El 26 de octubre, el entonces delegado Francisco Martín envió un escrito en el que consideraba razonable el tiempo transcurrido para trasladar sus exigencias a la sociedad. Al no obtener respuesta, el 29 de octubre se remitió un segundo requerimiento para exigir el desmantelamiento de la acampada a la mayor brevedad. El 30 de octubre, los interlocutores comunicaron la disolución de todas las comisiones organizativas, aunque un grupo residual se negó a abandonar la plaza. Ante los informes policiales, la delegada Pilar Trinidad, en el cargo desde hace una semana, emitió un oficio pidiendo restablecer la normalidad.
La Delegación agradeció la coordinación entre los cuerpos y servicios participantes y la profesionalidad de quienes intervinieron. La institución presentó la actuación como una operación sin alteraciones violentas del orden público, bajo principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Según informó a Europa Press, «el desalojo se ha desarrollado sin violencia». Su comunicado, sin embargo, no hace mención a las cargas ni al uso de gases lacrimógenos denunciados por los acampados. La versión de los manifestantes y la de la Delegación siguen sin coincidir en ese punto.