Según El Confidencial España, los piquetes informativos son grupos de trabajadores que, durante una huelga, explican los motivos de la protesta y buscan que otros compañeros se sumen al paro. Esa actividad cuenta con respaldo legal en España, siempre que no se traspasen ciertas fronteras.
La base jurídica se encuentra en el artículo 28.2 de la Constitución, que reconoce el derecho fundamental a la huelga. El artículo 6.6 del Real Decreto-ley 17/1977 regula su difusión y permite a los trabajadores hacer publicidad de la protesta de forma pacífica y recaudar fondos sin coaccionar a nadie.
Entre las actividades permitidas figuran repartir folletos, desplegar pancartas, usar megafonía y explicar las reivindicaciones. También pueden concentrarse de manera pacífica cerca de los centros de trabajo para animar a otros empleados a secundar el paro. El Tribunal Constitucional considera que informar, hacer propaganda y persuadir forman parte del ejercicio legítimo de la huelga.
Los límites aparecen cuando alguien recurre a amenazas, intimidaciones o actos de fuerza para obligar a otro a no trabajar. Bloquear el paso, impedir el acceso a centros o causar daños no está amparado por la huelga. El artículo 172 del Código Penal castiga ciertas coacciones con prisión de seis meses a tres años.
En 2021 se derogó el antiguo artículo 315.3, que castigaba coacciones para imponer una huelga, aunque esas conductas pueden seguir siendo delictivas si encajan en otros preceptos penales. La ley protege a quienes secundan la protesta y a quienes deciden seguir trabajando, y exige respetar ambas decisiones.