Según Genbeta, un perro sin bozal por el portal o el ascensor no basta, por sí solo, para que la comunidad de vecinos actúe. Hace falta un motivo que encaje en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, y la norma de bienestar animal no exige bozal en zonas comunes.
El artículo 7.2 recoge actividades prohibidas por los estatutos, perjudiciales para la finca o contrarias a las normas sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Que otro residente lo vea no demuestra que exista una de ellas, y hay que conocer qué ocurre realmente.
El artículo 26.c de la Ley de Bienestar Animal obliga a los dueños a evitar molestias, peligros o daños, sin imponer un bozal general en espacios compartidos. Los perros potencialmente peligrosos sí tienen regulación: el Real Decreto 287/2002 exige bozal en lugares públicos, sin especificar las zonas comunes privadas.
La comunidad puede regular la convivencia y el uso de los espacios compartidos dentro de los límites legales. Una propuesta puede llevarse a la junta para debatir las pautas, y lo acordado debe ajustarse a la ley y a los estatutos.
Si hay motivo del artículo 7.2, el presidente debe requerir a quien realiza la actividad que pare en el acto y advertirle de posibles acciones judiciales. Si continúa, la junta puede autorizar una acción de cesación, que se tramita por juicio ordinario, y el juez puede ordenar cautelarmente parar la actividad.