Según Genbeta, una comunidad de propietarios no puede bloquear el ascensor a un vecino que no paga las cuotas, aunque sí puede reclamarle la deuda en los tribunales. La Ley de Propiedad Horizontal reconoce medidas disuasorias, pero no pueden afectar a la habitabilidad de las viviendas.
El ascensor queda fuera de esas limitaciones porque es fundamental para la habitabilidad de la finca, según la Guía de administradores de fincas colegiados. Las instalaciones recreativas, como piscinas o gimnasios, sí pueden restringirse dentro de los límites legales, según la Guía de morosidad de AFColegiados.
La reforma aprobada en 2022 recoge en el artículo 21.1 las medidas contra la morosidad. La comunidad puede pactar intereses superiores al legal y, por acuerdo de la junta, suspender temporalmente servicios mientras exista el impago, sin que lo decida el presidente o el administrador por su cuenta.
La inhabilitación está ligada a la morosidad: dura mientras el propietario esté en mora y no puede mantenerse indefinidamente una vez que deja de estarlo. Para recurrir ante los tribunales, el propietario debe estar al corriente de pagos o haber consignado judicialmente las cantidades adeudadas.
Tampoco basta con discrepar del acuerdo: la ley reconoce legitimación a quienes salvaron su voto, a los ausentes y a quienes fueron privados indebidamente del suyo. Ese es el marco que la comunidad debe respetar al aplicar cualquier restricción por impago.