La Guardia Civil estima que aproximadamente 88.146 personas migrantes podrían haber regresado a Marruecos tras la entrada masiva en Ceuta de finales de julio. La cifra aparece en un informe de finales de octubre que el Instituto Armado ha remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada de los días 30 y 31 de julio. La estimación supera la que sostenía el Gobierno, que había calculado a principios de agosto que unas 80.000 personas habían cruzado a la ciudad autónoma. La información se ha conocido este viernes.
El informe cifra en 90 los fallecimientos confirmados por el Instituto Armado y en 862 los rescates realizados por los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas y el Servicio Marítimo en aguas españolas. A petición de la jueza, la Guardia Civil también detalla la evolución de su plantilla en Ceuta. El 29 de julio, la fuerza en servicio era de 585 guardias civiles, frente a 695 dotaciones de la Comandancia. El 4 de septiembre quedaban 441 agentes y el 19 de octubre había 546, cifras que el propio cuerpo atribuye a los relevos y a las necesidades operativas.
Desde el 30 de julio, la Guardia Civil mantiene un dispositivo de refuerzo que ha ido cambiando de composición. Han participado la Agrupación de Reserva y Seguridad, el Grupo de Acción Rápida, el Servicio de Criminalística y el Servicio Aéreo, además de unidades llegadas de Andalucía. El cuerpo detalla también los medios técnicos y aéreos desplegados desde la misma entrada masiva. En un informe anterior, la Guardia Civil sostuvo que los avisos previos a la crisis no anticipaban la entrada que finalmente se produjo por la frontera los días 30 y 31 de julio.
Las cifras de la Guardia Civil contrastan con las del Gobierno central, que limitó a unas 72.000 las entradas tras una primera cifra de 79.000 migrantes que trascendió al inicio. Por su parte, la Dirección General de la Policía Nacional ha informado a la jueza de que no posee una cifra oficial del número de inmigrantes que entraron en esos dos días. Su informe sostiene que la entrada se produjo por la zona de custodia del vallado y el espigón del Tarajal, bajo protección de la Guardia Civil, sin entrada por el puesto fronterizo de la Policía Nacional. Ese documento no aporta una cifra alternativa ni reitera la del Gobierno, de modo que el debate sobre la magnitud sigue abierto.
El Gobierno de Ceuta, presidido por Juan Jesús Vivas, cifra en 45.320.000 euros el coste extraordinario que el episodio ha supuesto para sus arcas. La cantidad suma gastos e inversiones imprevistas que la administración local ha tenido que acometer para mantener servicios básicos como la atención sanitaria, la limpieza y el cuidado medioambiental.
Varios informes policiales y testimonios personales apuntan a las fuerzas de seguridad marroquíes como impulsoras de la entrada masiva. Altos mandos policiales del país vecino estuvieron presentes en la zona fronteriza durante la avalancha. Entre ellos figura el prefecto de Policía de la región de Tetuán, Mohamed El Oualidi, quien, según la Policía española, dio órdenes y directrices en pleno asalto a Ceuta. Esos apuntes proceden de informes y testimonios, no de una resolución judicial citada en las fuentes.